El Gobierno de España, encabezado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha presentado una propuesta de reforma del Estatuto de los Trabajadores que podría cambiar drásticamente el panorama laboral en España. Según la iniciativa, los empleados que acumulen tres mensualidades impagas podrán rescindir su contrato de forma unilateral y, además, acceder a la prestación por desempleo. La medida será sometida a votación en el Congreso el próximo 14 de octubre, con grandes expectativas de ser aprobada.
Objetivo: proteger a los trabajadores frente a los impagos salariales
En un contexto donde las demoras en el pago de salarios afectan a diversos sectores, esta reforma busca proporcionar mayor protección a los trabajadores frente a la incertidumbre económica. La propuesta del Ministerio de Trabajo pretende unificar los criterios judiciales en casos de impago, de modo que los tribunales sigan un protocolo uniforme en todo el país.
Hasta ahora, cada tribunal evaluaba de manera individual si un trabajador tenía derecho a rescindir su contrato por impago. Con la nueva normativa, se establecerán criterios claros y homogéneos: si un empleador no paga el salario en tres meses (consecutivos o no) durante un año, el trabajador podrá dar por terminado su contrato y acceder al subsidio por desempleo. Además, si se producen retrasos en el pago del salario en más de seis ocasiones en un año, el empleado tendrá derecho a solicitar la extinción del contrato.
El Ejecutivo ha incluido esta propuesta dentro de una enmienda al Proyecto de Ley de Eficiencia del Servicio de Justicia, que también se votará en la próxima sesión parlamentaria. La enmienda busca no solo mejorar la eficiencia de los procesos judiciales en España, sino también garantizar que la reforma laboral entre en vigor de manera coordinada.
«Esta reforma es una solución justa que defiende los derechos laborales y garantiza la estabilidad económica de los trabajadores, quienes no deberían soportar la carga de la falta de pago de sus salarios,» destacó la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Si bien la propuesta ha sido bien recibida por sindicatos y defensores de los derechos laborales, ha generado preocupación entre el sector empresarial, especialmente entre pequeñas y medianas empresas (pymes). Muchos empresarios temen que esta medida podría aumentar las demandas judiciales y provocar la salida de empleados en sectores con problemas de liquidez.
Las pymes, que a menudo enfrentan dificultades para gestionar su flujo de caja, podrían ver agravada su situación con esta nueva normativa. Algunas voces dentro del sector empresarial han expresado su preocupación por el posible impacto en la estabilidad de las empresas, advirtiendo que la medida podría desencadenar un incremento en los litigios laborales y agravar los problemas de liquidez.
En los próximos días, todos los ojos estarán puestos en el Congreso, donde se decidirá el futuro de esta reforma que, de ser aprobada, marcará un antes y un después en el ámbito laboral de las empresas.
